EL REFERENDO DEL ODIO:
LA IGNORANCIA ES REINA (III)
Luis Paulino Vargas Solís
La visibilización que en los últimos años ha adquirido las reivindicaciones expresadas por las personas sexualmente diversas –gais y lesbianas, pero también personas trasgénero y transexuales- pone a la sociedad costarricense, y, en especial, a las diferentes iglesias, frente a una encrucijada que todavía no hace muchos años parecía simplemente impensable. De golpe se pone en cuestión la calidad de la educación y del sistema democrático costarricense y la efectiva adherencia a los derechos humanos en nuestra sociedad. Pero, además, esto pone a prueba la capacidad de las distintas instituciones religiosas para vivir su fe sin pretender violentar principios esenciales de la democracia.
Lamentablemente, lo que más claramente resalta es el océano de ignorancia y prejuicios que inunda la conciencia popular, pero el cual igualmente se expresa en los planteamientos de conocidos personajes religiosos y políticos. Veamos algunos ejemplos.
Que la homosexualidad es “anti-natural”, con lo cual aparentemente se entendería que no está biológicamente determinada de forma que habría de ser algo así como una suerte de diabólico capricho. Pero esto deja sin respuestas hechos tan incontrovertibles como el de que es algo que ha existido en todas las épocas y culturas, como igualmente está bien demostrado que se manifiesta en una enorme variedad de especies de animales. En todo caso, y bien pensando, no se entiende el porqué tanta obsesión con lo natural, si la vida humana está plagada de cosas “no naturales” –desde las tarjetas de crédito o la Internet a los condones o esos estrafalarios trajes que usan obispos y cardenales- y nadie se declara en estado de alarma por eso.
Otro ejemplo: que existe un único modelo “natural” (¡y dale con lo de natural!) de familia: el de papá y mamá –casados una sola vez y para toda la vida- con sus retoños. Qué pena, pero esa idea no soporta ni el menor examen a la luz de la evidencia acumulada a lo largo de la historia de la humanidad. Acontece, incluso, que para la sociedad pastoril del Antiguo Testamento era aceptable que sus grandes patriarcas tuvieran una muy sui géneris familia, con varias esposas y concubinas a su alrededor (y Salomón el súper-campeón: 700 esposas y 300 concubinas). Lo único serio que puede decirse con razonable certeza es que las familias son realidades históricas y culturales, cambiantes y dinámicas, y ello lo confirmamos en la Costa Rica actual, donde existen y prosperan diversas formas de familia. Es igualmente inexacta la idea de que solo ese modelo de familia que esta gente defiende es sitio apropiado para el feliz crecimiento de los infantes. Que le pregunten a tantas mujeres solas que han sacado adelante –con amor y admirable tesón- a sus hijos, de quienes han hecho personas de valía.
Sobre las personas homosexuales abundan las ideas más extravagantes. Que somos gente disoluta, desordenada, promiscua, corrupta. Váyase a saber si muchos veces lo han dicho sin percatarse que tenían al frente suyo a personas que, siendo homosexuales, también son gente trabajadora, honrada, solidaria y, muy probablemente, capaces de amar con verdadera abnegación. Estos discursos de la ignorancia –que también son discursos de odio- no solo denigran y agreden, también desnudan las miserias morales de quienes los pronuncian.
Otra más: la ridícula afirmación de que las personas homosexuales no podemos tener hijos ¡pero por supuesto que hay muchos y, sobre todo, muchas que los tienen! Nada tan fácil como traer a la vida un niño o niña, que muy otra cosa es hacerle crecer con verdadero amor. Ahí perdonen, pero no son pocas las parejas heterosexuales –y en particular los hombres heterosexuales- que no logran aprobar el examen ¿o de dónde se suponen que salen tantos niños abandonados? Pero, eso sí, que a nadie se le ocurra –abominación de abominaciones- que una pareja del mismo sexo pueda adoptar. No le pongo atención a la jocosa tontería de que eso hará homosexuales a los niños o niñas (claro, como ser homosexual es una tara espantosa ¿quién querría más de esos monstruos vagando por ahí?), pero sí enfatizo este detalle: para esta gente es mejor un niño hambriento abandonado al frío de la calle, que un niño adoptado por una pareja del mismo sexo dispuesta a amarlo y cuidarlo. Y que conste: ningún proyecto de ley en Costa Rica propone permitir la adopción a parejas homosexuales (es bueno enfatizarlo, a fin de prevenir una epidemia de soponcios).
La realidad, sin embargo, es terca y no se deja embaucar por tanta estupidez. Aunque les cause urticaria, ahí están miles de parejas del mismo sexo que, no obstante tanto odio y tanta inquina, florecen alimentadas por el amor. Es una realidad que podría ser perseguida –incluso en procura de su supresión física como algunos quisieran- o bien podría ser ignorada. Pero será como negar el clima: aunque digan que no, igual hace calor cuando el termómetro alcanza los 35 grados. Y estas parejas necesitan y reclaman derechos: porque juntos hacen un patrimonio económico y construyen una vida compartida y, como cualquier ser humano, también están a merced de los avatares de la vida y la salud. Por lo tanto, también necesitan la protección del Estado y las leyes. Ilustrémoslo con una historia mucho más frecuente de lo que nadie se imagina: el despojo de uno de los miembros de la pareja, que pierde todo su patrimonio a manos de los familiares de su compañero, cuando este ha fallecido.
Sin duda posible esto atiende al ejercicio de la ciudadanía en una sociedad que se pretende democrática. Mas, sin embargo, la ignorancia insiste en presentarlo como si fuera un tema religioso, lo cual arriesga poner a estos sectores religiosos conservadores en una posición harto incómoda: la de tener que demostrar que, en efecto, por su boca habla el mismo Dios. Porque su insistencia en que es algo que contraría “la voluntad de Dios”, podría tener validez como criterio que obliga a toda la sociedad, solo si efectivamente es el dicho de Dios mismo. En realidad, solo es el dicho de esta gente.
La interpretación de la Biblia que plantean es valedera en el tanto ellos la consideran valedera. Cosa notable es que esta gente no estaría dispuesta a dar vigencia actual a muchas normas presentes en el Antiguo Testamento; la poligamia, entre muchas otras (¿qué tal una revisadita, pongamos por caso, a las abundantes reglas y prohibiciones contenidas en el Deuteronomio?). Pero sí insisten, con incansable diligencia, en mantener vivo lo poco se indica en relación con la homosexualidad. El caso es que, frente a tan acomodaticia forma de interpretar la Biblia, hay otras interpretaciones de otras personas y de otras iglesias, incluso más serias y mejor fundamentadas. Nada, como no sea la arrogancia y la intransigencia, permite afirmar que la primera interpretación deba prevalecer sobre la segunda. Si bien en el campo de la ciencia no todo planteamiento es válido, en el campo de la fe todos lo son, justamente por ser asuntos de fe.
De ahí que resulte completamente desatinada la idea de imponer mediante la ley algo que es asunto solamente de la muy respetable fe de alguna gente en lo particular.
Luis Paulino Vargas Solís
24 de junio de 2010
viernes, 25 de junio de 2010
El referendo del odio (II)
REFERENDO DEL ODIO:
ALGUNOS DETALLES OBVIOS (II)
Luis Paulino Vargas Solís
En el referendo al que se pretende convocar para diciembre se sometería a votación un proyecto de ley –llamado de Uniones Civiles- que hace varios años fuera presentado ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo, este proyecto ha sido sustituido por uno distinto, llamado de Sociedades de Convivencia, el cual, sin embargo, tampoco está siendo discutido en estos momentos en el congreso. Todos los indicios apuntan en el sentido de que tanto la Presidenta Chinchilla como una amplia mayoría legislativa –Liberación, PASE, evangélicos, Unidad y libertarios- lo mantienen bloqueado.
El tema tiene distintas aristas. Voy a repasar aquí, de forma muy sucinta, algunas de las más básicas. En próximos artículos espero ofrecer reflexiones adicionales en relación tanto con el contexto histórico en que estas iniciativas han emergido, como respecto de las algunas de las implicaciones subjetivas que todo esto podría tener para las personas gais y lesbianas implicadas.
1) Los proyectos no aspiran a la igualdad
Ambos proyectos –y el segundo más que el primero- son sumamente restrictivos. Este último simplemente reconoce algunos elementales derechos: patrimonio, herencias, pensiones, seguridad social, visita a centros médicos o carcelarios, algunas decisiones sobre la pareja cuando el estado de salud de esta no le permita hacerlo. Se trata de un conjunto mínimo de protecciones y derechos, indispensables para una digna convivencia de pareja. Negarlos, aduciendo que se “parecen” a los derechos propios de un matrimonio heterosexual, comporta negar directamente el derecho a tener una pareja afectiva y construir en conjunto una familia. A su vez, esto implica violencia directa sobre la intimidad y la vida emocional de las personas.
En todo caso, y comparativamente al matrimonio heterosexual, el estatus jurídico que se reconoce es en muchos sentidos distinto e innegablemente inferior. Tan solo se establece un contrato en el sentido más restrictivo del término el cual se inscribe ante el Registro Nacional (ni siquiera ante el Registro Civil).
El proyecto no permite la adopción en pareja. Por supuesto, tal cual lo permite hoy la ley, uno de sus miembros podría adoptar a título individual. Sin embargo, esto crearía una situación de grave inseguridad jurídica, ya que uno de los padres o madres carecería de todo derecho jurídico de paternidad o maternidad.
En resumen, decir que estos proyectos implican crear la figura del “matrimonio homosexual” no es más que una groserísima tergiversación. De hecho, son proyectos que, por sus alcances tan limitados, legalizan y legitiman la discriminación estableciendo dos categorías disímiles de parejas: las heterosexuales, con pleno reconocimiento legal, y las homosexuales, con un reconocimiento de ámbito mucho más estrecho. Aún así, esto mejoraría en algo lo que hoy tan solo es una situación profundamente injusta.
2) Un tema legal, no religioso
Ni más ni menos, este es simplemente un asunto atinente a los derechos humanos. Pero lo cierto es que, dadas las limitaciones señaladas, tampoco se lograría plena vigencia de tales derechos, en cuanto esto último exige completa igualdad, lo que, evidentemente, no es aquí el caso. Se trata, en lo fundamental, del derecho a formar familia y a que esta goce de un mínimo de protección por parte del Estado y las leyes. Bueno es aclararlo, ante la malintencionada insistencia de alguna gente que machacan con lo de “¿y desde cuándo el matrimonio es un derecho humano?”. Además, y como es obvio, la figura jurídica que se crea no es la de matrimonio.
Siendo así las cosas, nada de esto tiene que ver con lo religioso. Es asunto íntegramente situado en el ámbito político-jurídico. En ese sentido, responde a una criterio elemental: el de que las leyes, y por lo tanto el Estado y sus instituciones, no deben discriminar entre los distintos grupos de ciudadanos y ciudadanas. Todas y todos deberíamos recibir un mismo trato, al margen de cualquier diferencia étnica, de color de piel, edad, género, estado de salud, confesión religiosa u orientación sexual. Este es un principio insoslayable de cualquier democracia que se precie de serlo. Su negación es, sobre todo, negación y anulación de la democracia. Y, en todo caso, como he mostrado, ni siquiera es cierto que ese principio democrático tan fundamental, esté siendo plenamente recogido y respetado en lo que se propone.
Las distintas iglesias y confesiones religiosas conservan intacto su derecho a aceptar o no a las personas sexualmente diversas, e igual podrán mantener incólumes los dogmas que en esta materia sustenten. El proyecto de ley no toca ni afecta absolutamente nada de eso.
Sin embargo, y al margen de lo anterior, Costa Rica sí necesita con urgencia de alguna legislación que impida la difusión de discursos de odio que convoquen a la violencia contra grupos específicos de la sociedad. Enfatizo esto a propósito de la agresividad verbal de diversos sectores religiosos en contra de las personas sexualmente diversas. Por ejemplo, la falaz pero terrible acusación de que somos culpables de la destrucción de la familia y la descomposición de la sociedad. Este tipo de injurias –clarísimas expresiones de odio- pueden justificar, y de hecho incentivan, la violencia y la agresión. No puede aquí aducirse derecho a la libertad de expresión, porque en estos discursos hay un abuso manifiesto, y por lo tanto una efectiva corrupción, de lo que tal derecho entraña. Debería penalizarse cualquier forma de discurso de odio de este tipo, no solo en relación con la minoría sexualmente diversa, sino en cualquier otro caso (mujeres, migrantes, población afrodescendiente, judíos, jóvenes, indígenas, etc.).
3. El proyecto no es un fin en sí mismo
Este es un argumento sorprendente por perogrullesco y, sin embargo, resulta bastante frecuente. Consiste –como quien descubre que el sol sale por el este- en hacernos ver a las personas gais y lesbianas que no deberíamos ponerle tanto interés a este asunto (ni menos “impacientarnos” por su causa), si, en todo caso, el alcance de los problemas de discriminación sobrepasa ampliamente lo que podría lograrse por medios legales.
Es evidente que así es y, con seguridad, no hay un solo gay o lesbiana mínimamente consciente de la situación de menoscabo y marginación en que vive, que no lo tenga claro. Está inscrito en nuestra propia carne, puesto que ha sido parte sustantiva de nuestra cotidianidad a lo largo de toda nuestra vida.
Y, sin embargo, la aprobación de esta ley la apreciaríamos como un signo positivo de cambio. Nos estaría diciendo que Costa Rica muestra un poquito de tolerancia frente a lo diverso y algo de voluntad para reconocer que la dignidad de las personas merece un mínimo respeto al margen de la orientación sexual o la identidad de género de cada quien.
Veníamos pidiendo y esperado un pequeño gesto de aquiescencia. Paradójicamente hoy eso se ha trastocado en una lucha por impedir ser aplastados y humillados por un referendo inspirado en el odio y la total intransigencia. El cómo se resuelva esto determinará en mucho el futuro de la salud moral de la democracia costarricense.
Luis Paulino Vargas Solís
ALGUNOS DETALLES OBVIOS (II)
Luis Paulino Vargas Solís
En el referendo al que se pretende convocar para diciembre se sometería a votación un proyecto de ley –llamado de Uniones Civiles- que hace varios años fuera presentado ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo, este proyecto ha sido sustituido por uno distinto, llamado de Sociedades de Convivencia, el cual, sin embargo, tampoco está siendo discutido en estos momentos en el congreso. Todos los indicios apuntan en el sentido de que tanto la Presidenta Chinchilla como una amplia mayoría legislativa –Liberación, PASE, evangélicos, Unidad y libertarios- lo mantienen bloqueado.
El tema tiene distintas aristas. Voy a repasar aquí, de forma muy sucinta, algunas de las más básicas. En próximos artículos espero ofrecer reflexiones adicionales en relación tanto con el contexto histórico en que estas iniciativas han emergido, como respecto de las algunas de las implicaciones subjetivas que todo esto podría tener para las personas gais y lesbianas implicadas.
1) Los proyectos no aspiran a la igualdad
Ambos proyectos –y el segundo más que el primero- son sumamente restrictivos. Este último simplemente reconoce algunos elementales derechos: patrimonio, herencias, pensiones, seguridad social, visita a centros médicos o carcelarios, algunas decisiones sobre la pareja cuando el estado de salud de esta no le permita hacerlo. Se trata de un conjunto mínimo de protecciones y derechos, indispensables para una digna convivencia de pareja. Negarlos, aduciendo que se “parecen” a los derechos propios de un matrimonio heterosexual, comporta negar directamente el derecho a tener una pareja afectiva y construir en conjunto una familia. A su vez, esto implica violencia directa sobre la intimidad y la vida emocional de las personas.
En todo caso, y comparativamente al matrimonio heterosexual, el estatus jurídico que se reconoce es en muchos sentidos distinto e innegablemente inferior. Tan solo se establece un contrato en el sentido más restrictivo del término el cual se inscribe ante el Registro Nacional (ni siquiera ante el Registro Civil).
El proyecto no permite la adopción en pareja. Por supuesto, tal cual lo permite hoy la ley, uno de sus miembros podría adoptar a título individual. Sin embargo, esto crearía una situación de grave inseguridad jurídica, ya que uno de los padres o madres carecería de todo derecho jurídico de paternidad o maternidad.
En resumen, decir que estos proyectos implican crear la figura del “matrimonio homosexual” no es más que una groserísima tergiversación. De hecho, son proyectos que, por sus alcances tan limitados, legalizan y legitiman la discriminación estableciendo dos categorías disímiles de parejas: las heterosexuales, con pleno reconocimiento legal, y las homosexuales, con un reconocimiento de ámbito mucho más estrecho. Aún así, esto mejoraría en algo lo que hoy tan solo es una situación profundamente injusta.
2) Un tema legal, no religioso
Ni más ni menos, este es simplemente un asunto atinente a los derechos humanos. Pero lo cierto es que, dadas las limitaciones señaladas, tampoco se lograría plena vigencia de tales derechos, en cuanto esto último exige completa igualdad, lo que, evidentemente, no es aquí el caso. Se trata, en lo fundamental, del derecho a formar familia y a que esta goce de un mínimo de protección por parte del Estado y las leyes. Bueno es aclararlo, ante la malintencionada insistencia de alguna gente que machacan con lo de “¿y desde cuándo el matrimonio es un derecho humano?”. Además, y como es obvio, la figura jurídica que se crea no es la de matrimonio.
Siendo así las cosas, nada de esto tiene que ver con lo religioso. Es asunto íntegramente situado en el ámbito político-jurídico. En ese sentido, responde a una criterio elemental: el de que las leyes, y por lo tanto el Estado y sus instituciones, no deben discriminar entre los distintos grupos de ciudadanos y ciudadanas. Todas y todos deberíamos recibir un mismo trato, al margen de cualquier diferencia étnica, de color de piel, edad, género, estado de salud, confesión religiosa u orientación sexual. Este es un principio insoslayable de cualquier democracia que se precie de serlo. Su negación es, sobre todo, negación y anulación de la democracia. Y, en todo caso, como he mostrado, ni siquiera es cierto que ese principio democrático tan fundamental, esté siendo plenamente recogido y respetado en lo que se propone.
Las distintas iglesias y confesiones religiosas conservan intacto su derecho a aceptar o no a las personas sexualmente diversas, e igual podrán mantener incólumes los dogmas que en esta materia sustenten. El proyecto de ley no toca ni afecta absolutamente nada de eso.
Sin embargo, y al margen de lo anterior, Costa Rica sí necesita con urgencia de alguna legislación que impida la difusión de discursos de odio que convoquen a la violencia contra grupos específicos de la sociedad. Enfatizo esto a propósito de la agresividad verbal de diversos sectores religiosos en contra de las personas sexualmente diversas. Por ejemplo, la falaz pero terrible acusación de que somos culpables de la destrucción de la familia y la descomposición de la sociedad. Este tipo de injurias –clarísimas expresiones de odio- pueden justificar, y de hecho incentivan, la violencia y la agresión. No puede aquí aducirse derecho a la libertad de expresión, porque en estos discursos hay un abuso manifiesto, y por lo tanto una efectiva corrupción, de lo que tal derecho entraña. Debería penalizarse cualquier forma de discurso de odio de este tipo, no solo en relación con la minoría sexualmente diversa, sino en cualquier otro caso (mujeres, migrantes, población afrodescendiente, judíos, jóvenes, indígenas, etc.).
3. El proyecto no es un fin en sí mismo
Este es un argumento sorprendente por perogrullesco y, sin embargo, resulta bastante frecuente. Consiste –como quien descubre que el sol sale por el este- en hacernos ver a las personas gais y lesbianas que no deberíamos ponerle tanto interés a este asunto (ni menos “impacientarnos” por su causa), si, en todo caso, el alcance de los problemas de discriminación sobrepasa ampliamente lo que podría lograrse por medios legales.
Es evidente que así es y, con seguridad, no hay un solo gay o lesbiana mínimamente consciente de la situación de menoscabo y marginación en que vive, que no lo tenga claro. Está inscrito en nuestra propia carne, puesto que ha sido parte sustantiva de nuestra cotidianidad a lo largo de toda nuestra vida.
Y, sin embargo, la aprobación de esta ley la apreciaríamos como un signo positivo de cambio. Nos estaría diciendo que Costa Rica muestra un poquito de tolerancia frente a lo diverso y algo de voluntad para reconocer que la dignidad de las personas merece un mínimo respeto al margen de la orientación sexual o la identidad de género de cada quien.
Veníamos pidiendo y esperado un pequeño gesto de aquiescencia. Paradójicamente hoy eso se ha trastocado en una lucha por impedir ser aplastados y humillados por un referendo inspirado en el odio y la total intransigencia. El cómo se resuelva esto determinará en mucho el futuro de la salud moral de la democracia costarricense.
Luis Paulino Vargas Solís
El referendo del odio (I)
REFERENDO DEL ODIO: EL PAPEL DEL PROGRESISMO COSTARRICENSE
(I parte)
Luis Paulino Vargas Solís
Cuando meses atrás algunas personas bienintencionadas y honestas se esforzaban por forjar una posible coalición progresista que enfrentara al neoliberal PLN, una de las condiciones puesta por algunos sectores fue la supresión, dentro de cualquier posible programa de coalición, de toda mención a los derechos de las personas sexualmente diversas (gais, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales). A uno de los partidos que estaba siendo invitado a participar de esa coalición –el cual en su programa contempla un apartado dedicado a este tema- explícitamente se le solicitó aceptar esa exclusión. Dirigentes muy respetables, de distinguida trayectoria en la izquierda histórica de Costa Rica, avalaban con todo convencimiento esa solicitud. Una de esas personas me aseguró en un correo electrónico que, a su juicio, ese tema debía quedar restringido a los programas de los partidos -si es que alguno quería incorporarlo- pero que no podía tener espacio en una propuesta de coalición. Por esos mismos días circulaba un posible “programa mínimo de coalición”, en el cual resultaba ostentosa la ausencia de este asunto.
Por otra parte, he podido constatar –incluso a propósito de artículos que he escrito- que cuando este debate se plantea, personas vinculadas al movimiento social progresista, de respetables credenciales patrióticas y reconocido compromiso social, sostienen con toda firmeza que este asunto no es importante –no puede ni debe ser importante- para el progresismo nacional en ninguna de sus diversas expresiones. Y subrayan y enfatizan: muchos otros asuntos son mucho más importantes.
A estas alturas ya no me cabe ninguna duda de que las personas que así se expresan están en lo correcto. Es efectivamente cierto que, como tendencia dominante, al progresismo nacional este asunto no le interesa. Así, he podido constatar, muy a mi pesar, la certeza de una tesis que formulé en varios artículos escritos meses atrás, cuando hice ver que, entre las distintas agendas de reforma que una coalición progresista habría de impulsar en Costa Rica, el aspecto donde existían mayores carencias era la agenda de cambio socio-cultural. Hay vacíos importantes en género, juventudes y tercera edad, pero en lo relativo a los problemas asociados a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el rezago es simplemente sideral.
En general, este asunto tiende a generar como al modo de dos columnas diferenciadas pero no enemistadas dentro del progresismo nacional. De un lado, los que apoyan discursivamente. Del otro los que expresan un profundo desprecio e insisten en que hay mil asuntos más importantes. La distancia entre unos y otros es apenas de matiz, fácilmente salvable, por la sencilla razón de que quienes apoyan, jamás se desgastan más allá de lo estrictamente indispensable en ese apoyo. En la práctica actúan más o menos como los otros aseveran que debe actuarse: colocan el tema de la discriminación por razones de diversidad sexual en un sitio muy, muy lejano dentro del orden de prioridades de las agendas políticas.
Y, en efecto, un millón de asuntos capta su atención y absorbe su energía. Todas son cuestiones cuya importancia y significación es absolutamente indiscutible: minería a cielo abierto, el agua de Sardinal o la del macizo del Barba, la autonomía sindical en JAPDEVA, la autopista a Caldera, los servicios municipales, la Ley General sobre Electricidad, la seguridad alimentaria, etc. etc. Innumerables asuntos de indiscutible importancia.
Lo relevante aquí es constatar que todo ello justifica el que no pueda incurrirse en un desgaste mayor que el que ocasiona una expresión verbal de apoyo (o una firma sobre un proyecto de ley). En todo caso, ya esa sola manifestación pública tiene sus costos, por ejemplo, la maledicencia de curas y pastores que llaman a no votar por partidos que apoyan el “matrimonio” homosexual. Esto es algo que el progresismo que apoya esta reivindicación trae a colación cada vez que tiene oportunidad, así como recalcando: “pero vean que duro que nos la ponen ¿cómo pretenden que hagamos más?”.
No entro aquí a analizar –mucho menos a juzgar- las razones de ese proceder. Simplemente lo constato.
Por estos días se plantea el asunto de un referendo donde se votará por la aceptación o rechazo de un proyecto de ley (llamado de Sociedades de Convivencia), que reconocería algunos derechos mínimos a las parejas del mismo sexo (no es, ni de lejos, algo equiparable al matrimonio heterosexual). La señora Taitelbaum, Defensora de los Habitantes –por mil razones muy mal querida del progresismo nacional- se ha pronunciado en contra de ese referendo. También, cosa notable, el conservador periódico La Nación. Dejando de lado aspectos accesorios (como el ataque que el editorialista de La Nación desliza contra Hugo Chaves), en todo caso el punto de partida en ambos casos es tan elemental como ineludible: los derechos humanos.
Llegado a este punto, ya no me sorprende en absoluto el estridente silencio del progresismo nacional. Sin duda hay razones en virtud de las cuales las predicas de igualdad y justicia –tan caras a ese progresismo- quedan canceladas cuando entran en juego las personas discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género. Pero aún así no deja de asombrar la facilidad con que se dejan arrebatar el liderazgo en un campo –los derechos humanos- donde deberían aspirar a ser vanguardia. Y, desde luego, se ve improbable que en el futuro el progresismo pueda tener una voz audible entre las minorías sexualmente diversas ¿a cuenta de qué se le querría prestar oídos?
Para enfrentar la lucha que este referendo plantea, la población sexualmente diversa de Costa Rica necesitaría visibilizarse. Esa es la primera e indispensable condición. Las personas heterosexuales no tendrían por qué entender lo que eso significa, porque siempre han sido visibles. Pero los hombres gay y las mujeres lesbianas –y aún más crudamente quienes tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico- aprendimos, ya desde muy temprano en nuestras vidas, que para sobrevivir debíamos hacernos invisibles. Invisibilizar nuestra sexualidad, nuestros afectos y emociones. Desdoblar nuestras vidas y tener dos rostros: el uno visible pero esencialmente falso; el otro invisible, pero trágicamente verdadero. El acto de visibilización -incomprensible para las personas heterosexuales-conlleva desarmar las defensas y exponerse, a pecho descubierto, al odio y la agresión. Ser invisible proporciona una falsa sensación de seguridad. Hacerse visible implica arriesgarse a lo que sea.
Solo en pocos y muy calificados casos la visibilización es posible. Pero justo por ello, para la minoría sexualmente diversa -acaso un 10 a 15% de la población- lo que se plantea es una lucha imposible. Sin duda, susurrar encerrados en el clóset no es precisamente una buena estrategia de pelea. Ello también determina la debilidad de nuestros liderazgos, carentes de arraigo popular. Que quede claro que no critico a dirigentes a quienes, como personas, aprecio y respeto profundamente. Pero ocurre que, hasta en el mejor de los casos, es tarea improbable liderar un colectivo paralizado por el terror.
Sin duda alguna, los grupos promotores de este referendo tienen todo esto muy claro.
El referendo será entonces un acto ominoso donde la mayoría aplastará y humillará a una minoría totalmente desarmada. Implicaría, simbólicamente, un acto de exterminio de una minoría a la que, con toda elocuencia, se le habrá dicho: ustedes –seres humanoides, monstruos informes- no tiene sitio en este país. Será, en fin, un triunfo del odio y la intolerancia, un acto que corromperá y denigrará la democracia.
Y, al cabo, esto se habrá consumado sin que el progresismo nacional haya tenido ni la capacidad ni la voluntad de hacer nada. Bien sé que entre manos hay un millón de asuntos muy importantes.
Luis Paulino Vargas Solís
10 de Junio de 2010
(I parte)
Luis Paulino Vargas Solís
Cuando meses atrás algunas personas bienintencionadas y honestas se esforzaban por forjar una posible coalición progresista que enfrentara al neoliberal PLN, una de las condiciones puesta por algunos sectores fue la supresión, dentro de cualquier posible programa de coalición, de toda mención a los derechos de las personas sexualmente diversas (gais, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales). A uno de los partidos que estaba siendo invitado a participar de esa coalición –el cual en su programa contempla un apartado dedicado a este tema- explícitamente se le solicitó aceptar esa exclusión. Dirigentes muy respetables, de distinguida trayectoria en la izquierda histórica de Costa Rica, avalaban con todo convencimiento esa solicitud. Una de esas personas me aseguró en un correo electrónico que, a su juicio, ese tema debía quedar restringido a los programas de los partidos -si es que alguno quería incorporarlo- pero que no podía tener espacio en una propuesta de coalición. Por esos mismos días circulaba un posible “programa mínimo de coalición”, en el cual resultaba ostentosa la ausencia de este asunto.
Por otra parte, he podido constatar –incluso a propósito de artículos que he escrito- que cuando este debate se plantea, personas vinculadas al movimiento social progresista, de respetables credenciales patrióticas y reconocido compromiso social, sostienen con toda firmeza que este asunto no es importante –no puede ni debe ser importante- para el progresismo nacional en ninguna de sus diversas expresiones. Y subrayan y enfatizan: muchos otros asuntos son mucho más importantes.
A estas alturas ya no me cabe ninguna duda de que las personas que así se expresan están en lo correcto. Es efectivamente cierto que, como tendencia dominante, al progresismo nacional este asunto no le interesa. Así, he podido constatar, muy a mi pesar, la certeza de una tesis que formulé en varios artículos escritos meses atrás, cuando hice ver que, entre las distintas agendas de reforma que una coalición progresista habría de impulsar en Costa Rica, el aspecto donde existían mayores carencias era la agenda de cambio socio-cultural. Hay vacíos importantes en género, juventudes y tercera edad, pero en lo relativo a los problemas asociados a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el rezago es simplemente sideral.
En general, este asunto tiende a generar como al modo de dos columnas diferenciadas pero no enemistadas dentro del progresismo nacional. De un lado, los que apoyan discursivamente. Del otro los que expresan un profundo desprecio e insisten en que hay mil asuntos más importantes. La distancia entre unos y otros es apenas de matiz, fácilmente salvable, por la sencilla razón de que quienes apoyan, jamás se desgastan más allá de lo estrictamente indispensable en ese apoyo. En la práctica actúan más o menos como los otros aseveran que debe actuarse: colocan el tema de la discriminación por razones de diversidad sexual en un sitio muy, muy lejano dentro del orden de prioridades de las agendas políticas.
Y, en efecto, un millón de asuntos capta su atención y absorbe su energía. Todas son cuestiones cuya importancia y significación es absolutamente indiscutible: minería a cielo abierto, el agua de Sardinal o la del macizo del Barba, la autonomía sindical en JAPDEVA, la autopista a Caldera, los servicios municipales, la Ley General sobre Electricidad, la seguridad alimentaria, etc. etc. Innumerables asuntos de indiscutible importancia.
Lo relevante aquí es constatar que todo ello justifica el que no pueda incurrirse en un desgaste mayor que el que ocasiona una expresión verbal de apoyo (o una firma sobre un proyecto de ley). En todo caso, ya esa sola manifestación pública tiene sus costos, por ejemplo, la maledicencia de curas y pastores que llaman a no votar por partidos que apoyan el “matrimonio” homosexual. Esto es algo que el progresismo que apoya esta reivindicación trae a colación cada vez que tiene oportunidad, así como recalcando: “pero vean que duro que nos la ponen ¿cómo pretenden que hagamos más?”.
No entro aquí a analizar –mucho menos a juzgar- las razones de ese proceder. Simplemente lo constato.
Por estos días se plantea el asunto de un referendo donde se votará por la aceptación o rechazo de un proyecto de ley (llamado de Sociedades de Convivencia), que reconocería algunos derechos mínimos a las parejas del mismo sexo (no es, ni de lejos, algo equiparable al matrimonio heterosexual). La señora Taitelbaum, Defensora de los Habitantes –por mil razones muy mal querida del progresismo nacional- se ha pronunciado en contra de ese referendo. También, cosa notable, el conservador periódico La Nación. Dejando de lado aspectos accesorios (como el ataque que el editorialista de La Nación desliza contra Hugo Chaves), en todo caso el punto de partida en ambos casos es tan elemental como ineludible: los derechos humanos.
Llegado a este punto, ya no me sorprende en absoluto el estridente silencio del progresismo nacional. Sin duda hay razones en virtud de las cuales las predicas de igualdad y justicia –tan caras a ese progresismo- quedan canceladas cuando entran en juego las personas discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género. Pero aún así no deja de asombrar la facilidad con que se dejan arrebatar el liderazgo en un campo –los derechos humanos- donde deberían aspirar a ser vanguardia. Y, desde luego, se ve improbable que en el futuro el progresismo pueda tener una voz audible entre las minorías sexualmente diversas ¿a cuenta de qué se le querría prestar oídos?
Para enfrentar la lucha que este referendo plantea, la población sexualmente diversa de Costa Rica necesitaría visibilizarse. Esa es la primera e indispensable condición. Las personas heterosexuales no tendrían por qué entender lo que eso significa, porque siempre han sido visibles. Pero los hombres gay y las mujeres lesbianas –y aún más crudamente quienes tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico- aprendimos, ya desde muy temprano en nuestras vidas, que para sobrevivir debíamos hacernos invisibles. Invisibilizar nuestra sexualidad, nuestros afectos y emociones. Desdoblar nuestras vidas y tener dos rostros: el uno visible pero esencialmente falso; el otro invisible, pero trágicamente verdadero. El acto de visibilización -incomprensible para las personas heterosexuales-conlleva desarmar las defensas y exponerse, a pecho descubierto, al odio y la agresión. Ser invisible proporciona una falsa sensación de seguridad. Hacerse visible implica arriesgarse a lo que sea.
Solo en pocos y muy calificados casos la visibilización es posible. Pero justo por ello, para la minoría sexualmente diversa -acaso un 10 a 15% de la población- lo que se plantea es una lucha imposible. Sin duda, susurrar encerrados en el clóset no es precisamente una buena estrategia de pelea. Ello también determina la debilidad de nuestros liderazgos, carentes de arraigo popular. Que quede claro que no critico a dirigentes a quienes, como personas, aprecio y respeto profundamente. Pero ocurre que, hasta en el mejor de los casos, es tarea improbable liderar un colectivo paralizado por el terror.
Sin duda alguna, los grupos promotores de este referendo tienen todo esto muy claro.
El referendo será entonces un acto ominoso donde la mayoría aplastará y humillará a una minoría totalmente desarmada. Implicaría, simbólicamente, un acto de exterminio de una minoría a la que, con toda elocuencia, se le habrá dicho: ustedes –seres humanoides, monstruos informes- no tiene sitio en este país. Será, en fin, un triunfo del odio y la intolerancia, un acto que corromperá y denigrará la democracia.
Y, al cabo, esto se habrá consumado sin que el progresismo nacional haya tenido ni la capacidad ni la voluntad de hacer nada. Bien sé que entre manos hay un millón de asuntos muy importantes.
Luis Paulino Vargas Solís
10 de Junio de 2010
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